los derechos humanos, y ha llegado incluso a considerarse como garante mundial de su institucionalidad, la cual constituye un poder político y militar que ha decidido contradictoriamente, junto con sus aliados, instrumentalizarla para legitimar intervenciones armadas y violaciones de los derechos humanos más elementales, como lo vimos hace un año en Afganistán y lo estamos viendo estos días en Irak y el territorio ocupado de Guantánamo.
Estrechamente asociado a lo anterior, el surgimiento de un nuevo fenómeno ideológico y político, que apunta al socavamiento del propio concepto de derechos humanos elaborado hasta el presente, y que tiende a abandonar toda referencia a un humanismo universalista de los mismos: un pensamiento racista y discrimantorio del sistema, contrario a la dignidad real de todo ser humano, como no había vuelto a suceder desde hace un siglo. Y, por fin, lo que algunos autores han denominado como el “cinismo” alcanzado por el sistema, que considera que unos seres humanos son prescindibles en el cálculo de las condiciones económicas objetivas que se requieren a nivel masivo para lograr un nivel de vida digno de las personas. Para el actual sistema, en efecto, la simple benevolencia ya no es ni siquiera el “ornato” de la organización social, como sostenía Adam Smith, y mucho menos una concesión para el mejor funcionamiento del mismo, como acontecía en los modelos del llamado capitalismo del bienestar, sino incluso una “perversión” y un “obstáculo”.
Ante la creciente pobreza y la exclusión de grandes mayorías, el derecho a la vida ya no se entiende en este contexto únicamente como derecho fundamental a la integridad física y psíquica de la persona frente a la tortura, la desaparición forzada y la ejecución arbitraria, sino como derecho a las condiciones básicas para asegurar la reproducción de la vida misma, aunque todavía no existe instancia alguna de apelación para la violación de los derechos humanos por parte de organismos privados de carácter trasnacional, y mucho menos para juzgar instituciones multilaterales de crédito y política económica, tipo FMI, BM, OMC, y otras similares. Es ésta precisamente una de las principales demandas del movimiento mundial actual en contra de la globalización neoliberal, con el que converge la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo que se está articulando y organizando en México.
De allí la importancia sobre todo para los movimientos sociales y populares de resistencia, de trazar una nueva línea de recuperación de la soberanía de los Estados nacionales como soberanía del pueblo, y de luchar por la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los individuos y de los pueblos a nivel nacional e internacional, con la misma obligatoriedad de sus derechos civiles y políticos. De allí también la exigencia de seguir luchando por la soberanía de los Estados, el fortalecimiento del multilateralismo y la comunidad de las naciones, el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, así como por la vigencia del derecho internacional humanitario y la universalidad e integralidad de los derechos humanos. Sobre todo la necesidad de liberar a los derechos humanos de su uso imperialista, faccioso e interesado, y volver a considerarlos más que nada como interpelación de las víctimas y como movilización social y popular de reivindicación y resistencia.
